lunes, 30 de abril de 2007

1 de Mayo > DIA DEL TRABAJADOR Y TRABAJADORA

1 de Mayo > DÍA DEL TRABAJADOR Y TRABAJADORA
La convocatoria que los trabajadores norteamericanos realizaban para la manifestación del 1 de mayo de 1886 señalaba que esa jornada debía ser “un día en que con tremenda fuerza la unidad de los trabajadores se movilice contra los que dominan el destino de los pueblos de toda nación. Un día de protesta contra la opresión y la tiranía, contra la ignorancia y la guerra.
Un día para comenzar a disfrutar de 8 horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas para los que nos de la gana”
La huelga por la jornada de ocho horas se extendió de costa a costa en los Estados Unidos. Más de cinco mil fábricas fueron paralizadas y 340.000 obreros salieron a las calles a manifestar sus reivindicaciones.
En Chicago los sucesos tomaron rápidamente un sesgo violento, que culmino en la masacre de la plaza Haymarket perpetrada por la policía.
Hoy a 121 años de aquella jornada, los trabajadores y trabajadoras, seguimos luchando por nuestros derechos básicos:
- Por trabajo digno para trabajadores ocupados y desocupados.
- Reducción de jornadas de trabajo
- Salarios dignos iguales a la canasta familiar
- Mejores condiciones de trabajo
- No a la precarizacion laboral, no a los contratos basuras.
- Igual trabajo igual salario para hombres y mujeres
Frente a la lucha del pueblo trabajador por sus derechos, la respuesta en 1886 fue la represión que costo la muerte a muchos trabajadores.
Hoy, nuestra lucha, la lucha de los docentes de Neuquén, Salta, Santa Cruz, la lucha de los trabajadores estatales, el conjunto de la lucha, sigue siendo reprimida con despidos, bajas de salarios, asesinatos.
Debemos recuperar el 1 de mayo como día de lucha, como día de rebelión.
En las calles, en ese 1 de mayo de 1886 los trabajadores movilizados coreaban
"Nos proponemos rehacer las cosas/ estamos hartos del trabajo por nada/escasamente para vivir/ jamás una hora para pensar"
Darío Santillán, Maximiliano Kosteki, Teresa Rodríguez, Carlos Fuentealba
PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE SU LUCHA, VIVEN EN NUESTRAS LUCHAS
El 1 de mayo 14 horas en Plaza Lorea, para marchar a Plaza de Mayo
La Fragua, Agrupación de trabajadores y trabajadoras, en el FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN

jueves, 19 de abril de 2007

Sobre las convenciones colectivas y la medición de la inflación

Aparecido en el boletín electrónico de La Fragua (21.03.07)
La discusión sobre la medición de la inflación es muy importante en el marco del proceso iniciado de rediscusión de las convenciones colectivas de trabajo en varios sectores. El valor de la canasta familiar actúa como parámetro en esas discusiones y su evolución en el tiempo está directamente ligada a la medición del índice de precios al consumidor (IPC). Una inflación más baja reduce las pretensiones que aparecerán como "razonables" desde la perspectiva del gobierno y las empresas.
Un elemento importante a considerar en esta discusión es la reciente modificación que se ha hecho en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría (es decir, los ingresos de los asalariados en el pináculo de la jerarquía salarial). La suba en el ingreso mínimo a partir del cual se paga "ganancias", supone que un conjunto reducido de trabajadores (aproximadamente el 9% de los asalariados) recibirán un incremento en sus ingresos. Esto, en el marco de las negociaciones salariales dará más margen a las burocracias sindicales para negociar menores incrementos en los sueldos, incrementos más acordes con las pretensiones del gobierno, que en acuerdo con las patronales pretende limitar los aumentos a un promedio del 15 %. Para el gobierno es, claro está, un gran negocio resignar 1500 millones de pesos (es lo que "cuesta" el aumento en el mínimo no imponible) a los efectos de contener las presiones sindicales por aumentos de salarios, presiones que conspirarían contra la estrategia anti-inflacionaria que de por sí no está funcionando.
Es importante aclarar que no existe una relación directa entre la inflación y las subas salariales, pues no son los trabajadores que reclaman y consiguen aumentos en sus salarios quienes determinan los precios de las mercancías. En realidad, la inflación es producto de la rigidez de la rentabilidad empresaria. Esto significa que en tanto no se construyan mecanismos sociales y políticos que permitan alterar la correlación de fuerzas, las empresas (en particular las más grandes, "formadoras de precios") buscarán aumentar los precios como mecanismo para mantener y aumentar su rentabilidad, desvalorizando los salarios de los trabajadores. Aquí está la clave del fracaso de la estrategia estatal de control de la inflación. Los "acuerdos" de precios no sirven porque los grupos económicos pueden violarlos sin problema.
Por supuesto, el costo de la estrategia del gobierno lo pagarán, primero, los trabajadores cuyos salarios ni siquiera llegan a los montos a partir de los cuales se aplica el impuesto a las ganancias, pues en última instancia "sus representantes" también negociarán para ellos menores aumentos salariales. En segundo lugar, el conjunto de los trabajadores que pagan el 21% de IVA, más otros impuestos al consumo, sigue siendo la base de sustentación de la política tributaria, mientras que los sectores financieros y los grandes propietarios siguen sin pagar impuestos por sus grandes negocios de compra-venta de activos.
En todo caso, todavía es una incógnita si, en un año electoral, con índices altísimos de rentabilidad para los grandes grupos económicos, con costos salariales un 26 % menores que los que existían en 2001 -antes de la devaluación- y con una situación al interior de la burocracia sindical mucho menos estable que hace un año, el gobierno consigue imponer con la misma facilidad que en 2006 un techo inamovible para los aumentos salariales pautados en las paritarias. Las rondas finales de los primeros convenios de peso, como el de los metalúrgicos, muestran un poder arbitral del gobierno menos contundente que el que permitió el año pasado, tras un acuerdo de palacio con Hugo Moyano, fijar el techo del 19 por ciento.
No hay lugar para la incógnita, en cambio, en el hecho de que las negociaciones paritarias implican apenas a alrededor del 27 por ciento del total de los asalariados. La gran mayoría de los trabajadores se mantiene por afuera de esos convenios, y son ellos los que evidencian, junto con los desocupados que siguen recibiendo planes de 150 pesos, los reales índices de salario mínimo y el verdadero marco de precarización de las condiciones de trabajo, muy por debajo de los indicadores que, al respecto, surgen de las paritarias.

La economía política detrás de la estimación de los precios

Nota aparecida en el boletín de La Fragua (21.03.07)

La economía política detrás de la estimación de los precios
Recientemente se desató un profundo conflicto al interior del INDEC (el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) por la intervención que sufrió por parte del gobierno nacional el sector que estima los índices de precios. Esta situación generó elevados niveles de malestar entre los trabajadores del INDEC y disparó una polémica en torno al valor del trabajo que ellos realizan.
En primer lugar, hay que señalar la importancia que tiene la medición de la inflación, en particular su medición a través del denominado Índice de Precios al Consumidor (IPC). El principal problema que esa medición está dejando traslucir es que los rubros más importantes en el consumo popular están aumentando aceleradamente en los últimos meses. En particular, los precios de los alimentos han subido más del 10%. Si esta tendencia de crecimiento se mantuviera, el aumento de los precios en el año superaría el 30%, lo que, por supuesto, es muy relevante para la mayoría de la población y en particular para los trabajadores de menores ingresos (ocupados y desocupados).
El índice de precios al consumidor es una forma de estimar la evolución de los precios de los productos de consumo. No es la misma inflación. Podría decirse que la diferencia entre la evolución del IPC y la inflación es similar a la diferencia que existe entre la temperatura y la sensación térmica. Lo que fue puesto en discusión por parte del gobierno es la forma de medir la inflación. Los funcionarios buscaban incidir de manera arbitraría en la metodología utilizada a los fines de "bajar" la medición de la inflación. Pretendían "pinchar" el termómetro para que no hubiera fiebre.
La evolución de los precios según la estimación del IPC es la base del cálculo de las variaciones en el "costo de vida" (la canasta familiar) y por lo tanto son un parámetro central en la negociación salarial (ver nota aparte). Mientras que el gobierno busca limitar los aumentos salariales a un techo del 15%, si la inflación se dispara y alcanza el 25% o 30% (2% mensual en promedio durante todo el año), los propios sindicatos oficialistas estarían en problemas para contener a sus bases. Los niveles de conflictividad podrían escalar a niveles muy importantes en un año electoral.
En segundo lugar, los índices de precios son utilizados para ajustar el valor de una parte sustancial de los bonos de la deuda del Estado nacional con sus acreedores y el valor de muchos créditos del sector financiero. Niveles de inflación medida muy elevados podrían causar trastornos importantes a la política de superávit fiscal que el gobierno busca sostener. Mientras que las distintas personas sienten los efectos de la inflación de diferente manera según cual sea su estructura de consumo, el IPC es una estimación de la evolución de los precios para el promedio de la población. Y esa estimación refleja el patrón de consumo para un determinando momento del tiempo. Este es un elemento importante a tener en cuenta.
Los profundos cambios que se han producido en la estructura de precios relativos desde la devaluación hacen que el IPC no refleje adecuadamente la evolución del costo de la vida. A modo de ejemplo, mientras que el IPC (que se calcula con una canasta de consumo estimada en 1997) asume que el 31% de los gastos de los hogares son alimentos, es probable que hoy en día esa proporción sea mucho mayor y que por lo tanto el efecto de la variación en el precio de los alimentos tenga un muy alto impacto en el poder de compra de los ingresos de los hogares.
Es importante resaltar que la estimación del IPC se realiza sobre una base muy amplia de comercios y negocios (6000 comercios en todo el Gran Buenos Aires) y por lo tanto la tarea de los trabajadores del INDEC es muy confiable, más allá de las intenciones y opiniones de los funcionarios del gobierno. Por ello, lo ocurrido en el INDEC en estas últimas semanas es muy grave pues supone una intervención del organismo, la intención de violar el secreto estadístico y siembra un manto de dudas sobre el valor de las estadísticas oficiales. Por otra parte, a través de la intervención el gobierno busca presionar a los comercios encuestados a fin de garantizar que ellos no aumenten los precios. De esa manera, el gobierno buscaría lograr que la "inflación medida" se mantenga cerca de las proyecciones oficiales, aun si eso significa que esa medición ya no refleje la realidad de lo que ocurre. Los bajos niveles de inflación "oficial" para el mes de febrero de 2007 (0,27%) confirman estas sospechas.
La forma de estimación del IPC (y otros índices de precios) es muy importante pues es la base del cálculo de la línea de indigencia y la pobreza y por lo tanto la base de las estimaciones de la magnitud de las situaciones de marginalidad social. La evolución del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que se utiliza para estimar la indigencia, y de la Canasta Básica Total (CBT), que se utiliza para estimar la incidencia de la pobreza, se actualiza a partir de los datos de las estimaciones del IPC. Por otra parte, hace ya tres años que los especialistas del INDEC elaboraron una estimación mejorada de los indicadores de pobreza que determina una duplicación en el valor de la CBT para un hogar tipo (que alcanzaría los 1576 pesos, en lugar de los 850 pesos "oficiales"). Esto implica que la proporción de la población bajo la línea de la pobreza es mucho mayor de lo que indican los índices aprobados por el gobierno. Pero esta estimación mejorada todavía no pudo ser oficializada por la resistencia del gobierno.