Aparecido en el boletín electrónico de La Fragua (21.03.07)
La discusión sobre la medición de la inflación es muy importante en el marco del proceso iniciado de rediscusión de las convenciones colectivas de trabajo en varios sectores. El valor de la canasta familiar actúa como parámetro en esas discusiones y su evolución en el tiempo está directamente ligada a la medición del índice de precios al consumidor (IPC). Una inflación más baja reduce las pretensiones que aparecerán como "razonables" desde la perspectiva del gobierno y las empresas.
Un elemento importante a considerar en esta discusión es la reciente modificación que se ha hecho en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría (es decir, los ingresos de los asalariados en el pináculo de la jerarquía salarial). La suba en el ingreso mínimo a partir del cual se paga "ganancias", supone que un conjunto reducido de trabajadores (aproximadamente el 9% de los asalariados) recibirán un incremento en sus ingresos. Esto, en el marco de las negociaciones salariales dará más margen a las burocracias sindicales para negociar menores incrementos en los sueldos, incrementos más acordes con las pretensiones del gobierno, que en acuerdo con las patronales pretende limitar los aumentos a un promedio del 15 %. Para el gobierno es, claro está, un gran negocio resignar 1500 millones de pesos (es lo que "cuesta" el aumento en el mínimo no imponible) a los efectos de contener las presiones sindicales por aumentos de salarios, presiones que conspirarían contra la estrategia anti-inflacionaria que de por sí no está funcionando.
Es importante aclarar que no existe una relación directa entre la inflación y las subas salariales, pues no son los trabajadores que reclaman y consiguen aumentos en sus salarios quienes determinan los precios de las mercancías. En realidad, la inflación es producto de la rigidez de la rentabilidad empresaria. Esto significa que en tanto no se construyan mecanismos sociales y políticos que permitan alterar la correlación de fuerzas, las empresas (en particular las más grandes, "formadoras de precios") buscarán aumentar los precios como mecanismo para mantener y aumentar su rentabilidad, desvalorizando los salarios de los trabajadores. Aquí está la clave del fracaso de la estrategia estatal de control de la inflación. Los "acuerdos" de precios no sirven porque los grupos económicos pueden violarlos sin problema.
Por supuesto, el costo de la estrategia del gobierno lo pagarán, primero, los trabajadores cuyos salarios ni siquiera llegan a los montos a partir de los cuales se aplica el impuesto a las ganancias, pues en última instancia "sus representantes" también negociarán para ellos menores aumentos salariales. En segundo lugar, el conjunto de los trabajadores que pagan el 21% de IVA, más otros impuestos al consumo, sigue siendo la base de sustentación de la política tributaria, mientras que los sectores financieros y los grandes propietarios siguen sin pagar impuestos por sus grandes negocios de compra-venta de activos.
En todo caso, todavía es una incógnita si, en un año electoral, con índices altísimos de rentabilidad para los grandes grupos económicos, con costos salariales un 26 % menores que los que existían en 2001 -antes de la devaluación- y con una situación al interior de la burocracia sindical mucho menos estable que hace un año, el gobierno consigue imponer con la misma facilidad que en 2006 un techo inamovible para los aumentos salariales pautados en las paritarias. Las rondas finales de los primeros convenios de peso, como el de los metalúrgicos, muestran un poder arbitral del gobierno menos contundente que el que permitió el año pasado, tras un acuerdo de palacio con Hugo Moyano, fijar el techo del 19 por ciento.
No hay lugar para la incógnita, en cambio, en el hecho de que las negociaciones paritarias implican apenas a alrededor del 27 por ciento del total de los asalariados. La gran mayoría de los trabajadores se mantiene por afuera de esos convenios, y son ellos los que evidencian, junto con los desocupados que siguen recibiendo planes de 150 pesos, los reales índices de salario mínimo y el verdadero marco de precarización de las condiciones de trabajo, muy por debajo de los indicadores que, al respecto, surgen de las paritarias.
Un elemento importante a considerar en esta discusión es la reciente modificación que se ha hecho en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría (es decir, los ingresos de los asalariados en el pináculo de la jerarquía salarial). La suba en el ingreso mínimo a partir del cual se paga "ganancias", supone que un conjunto reducido de trabajadores (aproximadamente el 9% de los asalariados) recibirán un incremento en sus ingresos. Esto, en el marco de las negociaciones salariales dará más margen a las burocracias sindicales para negociar menores incrementos en los sueldos, incrementos más acordes con las pretensiones del gobierno, que en acuerdo con las patronales pretende limitar los aumentos a un promedio del 15 %. Para el gobierno es, claro está, un gran negocio resignar 1500 millones de pesos (es lo que "cuesta" el aumento en el mínimo no imponible) a los efectos de contener las presiones sindicales por aumentos de salarios, presiones que conspirarían contra la estrategia anti-inflacionaria que de por sí no está funcionando.
Es importante aclarar que no existe una relación directa entre la inflación y las subas salariales, pues no son los trabajadores que reclaman y consiguen aumentos en sus salarios quienes determinan los precios de las mercancías. En realidad, la inflación es producto de la rigidez de la rentabilidad empresaria. Esto significa que en tanto no se construyan mecanismos sociales y políticos que permitan alterar la correlación de fuerzas, las empresas (en particular las más grandes, "formadoras de precios") buscarán aumentar los precios como mecanismo para mantener y aumentar su rentabilidad, desvalorizando los salarios de los trabajadores. Aquí está la clave del fracaso de la estrategia estatal de control de la inflación. Los "acuerdos" de precios no sirven porque los grupos económicos pueden violarlos sin problema.
Por supuesto, el costo de la estrategia del gobierno lo pagarán, primero, los trabajadores cuyos salarios ni siquiera llegan a los montos a partir de los cuales se aplica el impuesto a las ganancias, pues en última instancia "sus representantes" también negociarán para ellos menores aumentos salariales. En segundo lugar, el conjunto de los trabajadores que pagan el 21% de IVA, más otros impuestos al consumo, sigue siendo la base de sustentación de la política tributaria, mientras que los sectores financieros y los grandes propietarios siguen sin pagar impuestos por sus grandes negocios de compra-venta de activos.
En todo caso, todavía es una incógnita si, en un año electoral, con índices altísimos de rentabilidad para los grandes grupos económicos, con costos salariales un 26 % menores que los que existían en 2001 -antes de la devaluación- y con una situación al interior de la burocracia sindical mucho menos estable que hace un año, el gobierno consigue imponer con la misma facilidad que en 2006 un techo inamovible para los aumentos salariales pautados en las paritarias. Las rondas finales de los primeros convenios de peso, como el de los metalúrgicos, muestran un poder arbitral del gobierno menos contundente que el que permitió el año pasado, tras un acuerdo de palacio con Hugo Moyano, fijar el techo del 19 por ciento.
No hay lugar para la incógnita, en cambio, en el hecho de que las negociaciones paritarias implican apenas a alrededor del 27 por ciento del total de los asalariados. La gran mayoría de los trabajadores se mantiene por afuera de esos convenios, y son ellos los que evidencian, junto con los desocupados que siguen recibiendo planes de 150 pesos, los reales índices de salario mínimo y el verdadero marco de precarización de las condiciones de trabajo, muy por debajo de los indicadores que, al respecto, surgen de las paritarias.
