En las últimas semanas, el gobierno y parte de la oposición vienen 
sosteniendo un debate sobre el 82% móvil para los jubilados. Una justa bandera cuyo debate se encuentra en manos de cuestionables personajes: por un lado, muchos de quienes apoyaron la rebaja del 13% a los jubilados y al gasto social en 2001 y, por otro, a quienes ahora en el gobierno dicen que esta reivindicación histórica –un ingreso mínimamente digno para los ancianos y ancianas- es una medida “irresponsable”.
Hasta mediados de los años setenta, el sistema de previsión funcionó sobre la base de aportes sobre los salarios aunque crecían sus contradicciones. Por un lado, caía la relación entre los aportantes y los beneficiarios: había cada vez más trabajadores jubilados y la masa de aportantes (obreros en blanco) aumentaba en menor proporción. Por otra parte, el empleo precarizado había comenzado a multiplicarse y se profundizó una tendencia de deterioro en los niveles de salarios. Esta dinámica condujo a un desfinanciamiento brutal del sistema. Para compensar esta situación, ya en la década de 1980 comenzaron a asignarse recursos adicionales provenientes de otros impuestos (impuesto a las ganancias, IVA, etc.).
Como resultado las jubilaciones cayeron sostenidamente en comparación con los salarios. Hoy el haber previsional medio apenas si alcanza el 40% del salario promedio mientras que cerca del 85% de los beneficiarios de la seguridad social reciben los beneficios mínimos. Si bien la cobertura del sistema alcanza hoy a casi el 90% de la población en edad de jubilarse, esos beneficios los mantienen al límite de la pobreza.
¿Qué puede hacerse? ¿Qué debe hacerse?
En la situación actual, la primera medida para mejorar los beneficios que paga ANSES sería utilizar el superávit que hoy tiene el sistema. Hoy el ANSES tiene un superávit cercano a los 10 mil millones de pesos sobre la base de mantener bajas las jubilaciones y pensiones. En segundo lugar, la recaudación del ente en concepto de contribuciones patronales y aportes personales podría incrementarse sustancialmente. La inclusión de los trabadores y trabajadoras “en negro” al sistema de previsión significaría, por un lado, una justa y necesaria mejora en su situación laboral y, por otro, un ingreso promedio para el ANSES de aproximadamente 1.000 millones de pesos al año. En concepto de contribuciones patronales, la rebaja de los años noventa (que se mantiene intacta aún hoy) priva al Estado de unos 20 mil millones de pesos. Es imperativo aumentar esas contribuciones al conjunto de las empresas más grandes cuyas ganancias son extraordinarias. Estas dos medidas permitirían por sí solas y en lo inmediato aportar al ANSES los recursos necesarios para llevar las jubilaciones mínimas al 82% del Salario Mínimo.
El problema de la seguridad social hoy no es – como señalan los sectores más conservadores – que el gobierno usa la plata de los jubilados para otros fines (como la AUH) ni – como sostiene el kirchnerismo – la ausencia de recursos. El problema son las prioridades políticas. La disyuntiva es si se continúa privilegiando a los grandes capitales, al complejo agro-minero, a los sectores financieros y a los acreedores externos, o se decide avanzar sobre ellos para redistribuir la riqueza social producida por los trabajadores y las trabajadoras, con un sistema de seguridad social que elimine la pobreza y garantice un nivel de vida digno para nuestros mayores.
sosteniendo un debate sobre el 82% móvil para los jubilados. Una justa bandera cuyo debate se encuentra en manos de cuestionables personajes: por un lado, muchos de quienes apoyaron la rebaja del 13% a los jubilados y al gasto social en 2001 y, por otro, a quienes ahora en el gobierno dicen que esta reivindicación histórica –un ingreso mínimamente digno para los ancianos y ancianas- es una medida “irresponsable”.Hasta mediados de los años setenta, el sistema de previsión funcionó sobre la base de aportes sobre los salarios aunque crecían sus contradicciones. Por un lado, caía la relación entre los aportantes y los beneficiarios: había cada vez más trabajadores jubilados y la masa de aportantes (obreros en blanco) aumentaba en menor proporción. Por otra parte, el empleo precarizado había comenzado a multiplicarse y se profundizó una tendencia de deterioro en los niveles de salarios. Esta dinámica condujo a un desfinanciamiento brutal del sistema. Para compensar esta situación, ya en la década de 1980 comenzaron a asignarse recursos adicionales provenientes de otros impuestos (impuesto a las ganancias, IVA, etc.).
Como resultado las jubilaciones cayeron sostenidamente en comparación con los salarios. Hoy el haber previsional medio apenas si alcanza el 40% del salario promedio mientras que cerca del 85% de los beneficiarios de la seguridad social reciben los beneficios mínimos. Si bien la cobertura del sistema alcanza hoy a casi el 90% de la población en edad de jubilarse, esos beneficios los mantienen al límite de la pobreza.
¿Qué puede hacerse? ¿Qué debe hacerse?
En la situación actual, la primera medida para mejorar los beneficios que paga ANSES sería utilizar el superávit que hoy tiene el sistema. Hoy el ANSES tiene un superávit cercano a los 10 mil millones de pesos sobre la base de mantener bajas las jubilaciones y pensiones. En segundo lugar, la recaudación del ente en concepto de contribuciones patronales y aportes personales podría incrementarse sustancialmente. La inclusión de los trabadores y trabajadoras “en negro” al sistema de previsión significaría, por un lado, una justa y necesaria mejora en su situación laboral y, por otro, un ingreso promedio para el ANSES de aproximadamente 1.000 millones de pesos al año. En concepto de contribuciones patronales, la rebaja de los años noventa (que se mantiene intacta aún hoy) priva al Estado de unos 20 mil millones de pesos. Es imperativo aumentar esas contribuciones al conjunto de las empresas más grandes cuyas ganancias son extraordinarias. Estas dos medidas permitirían por sí solas y en lo inmediato aportar al ANSES los recursos necesarios para llevar las jubilaciones mínimas al 82% del Salario Mínimo.
El problema de la seguridad social hoy no es – como señalan los sectores más conservadores – que el gobierno usa la plata de los jubilados para otros fines (como la AUH) ni – como sostiene el kirchnerismo – la ausencia de recursos. El problema son las prioridades políticas. La disyuntiva es si se continúa privilegiando a los grandes capitales, al complejo agro-minero, a los sectores financieros y a los acreedores externos, o se decide avanzar sobre ellos para redistribuir la riqueza social producida por los trabajadores y las trabajadoras, con un sistema de seguridad social que elimine la pobreza y garantice un nivel de vida digno para nuestros mayores.
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